El Presidente Felipe Calderón Hinojosa en la Firma del Decreto de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública
Martes, 17 de Junio de 2008 | Discurso
Palacio Nacional, Ciudad de México
Muy buenos días.
Señor Ministro, don Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Señor Senador Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.
Señor Diputado Cristián Castaño Contreras, Vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Señor Senador Ulises Ramírez Núñez, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de
Senadores.
Señor Diputado César Camacho Quiroz, Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Señor Senador Alejandro Zapata Perogordo, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara de
Senadores.
Señor Diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de
Diputados.
Señor Senador Alejandro González Alcocer, de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.
Señoras y señores legisladores.
Señores dirigentes de la sociedad civil, de partidos políticos.
Distinguidos invitados.
En un Estado de Derecho es tarea esencial de las autoridades salvaguardar la integridad y los derechos de los ciudadanos, preservar las libertades y el orden. Es quizá la primera responsabilidad del Estado en términos históricos y en términos jerárquicos.
Y por ello celebro que el día de hoy los mexicanos demos un paso fundamental para fortalecer las instituciones encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad pública.
El año pasado mi Gobierno presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia penal, esa iniciativa se enriqueció con un intenso debate y con propuestas diversas impulsadas por distintos legisladores, aquí presentes, y después de un diálogo caracterizado por la pluralidad, la inclusión y el profesionalismo, la reforma fue aprobada por las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y por las legislaturas locales.
Hoy, con la firma del decreto de promulgación correspondiente, entrará en vigor esta reforma a nuestra Constitución en materia de procuración e impartición de justicia penal.
Hago un sincero reconocimiento a las señoras y a los señores miembros del Congreso de la Unión, de las comisiones que trabajaron en este importante proyecto, a las legislaturas locales, a los especialistas y expertos de diversas disciplinas que participaron en esta importante reforma, por haber analizado, enriquecido y, finalmente, aprobado una reforma que es fundamental para el país.
Esta es quizá la más relevante reforma realizada al sistema penal que hayamos tenido los mexicanos en mucho tiempo, y quizá sólo comparable con la transición del sistema puramente inquisitorial, que rigió hasta principios del siglo pasado, al sistema mixto que operaba hasta ahora.
Gracias a ella, podremos avanzar en la necesaria modernización de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, lo cual es indispensable para avanzar con éxito en nuestra lucha por un México de orden, un México de leyes, un México de libertades en el que podamos vivir mejor.
Entre los beneficios más importantes de esta reforma, muchos de ellos ya mencionados, se encuentran los siguientes:
Primero. México adoptará un sistema de justicia penal plenamente acusatorio, con juicios orales y procesos simplificados.
A partir de ahora, los Poderes Judiciales de todo el país comenzarán un proceso de implementación y transición hacia este nuevo sistema de enjuiciamiento.
Gracias a ello, por ejemplo, la etapa de investigación de los delitos será mucho más ágil y deberá ser mucho más profesional.
El juicio se desarrollará plenamente en audiencias orales y públicas, ante la presencia obligatoria de un juez, que también obligadamente presenciará el desahogo de las pruebas y los alegatos.
Así podremos ofrecer a los ciudadanos un sistema de justicia más transparente, respetuoso de los derechos humanos y que proteja con mayor celeridad y eficacia sus derechos.
Segundo. Se otorgan facultades de investigación a las policías, quienes actuarán bajo la conducción del Ministerio Público, pero también se fortalecen las facultades de las instituciones policíacas para la investigación preventiva, para la formación de inteligencia e información, indispensable para combatir el delito, particularmente el crimen organizado.
Esto permitirá contar con herramientas más útiles, a fin de preservar la seguridad pública que, hoy por hoy, es la primera preocupación de los ciudadanos.
Tercero. Los ciudadanos gozarán de un sistema eficaz y transparente de protección de sus derechos, tanto del inculpado, como de las víctimas, quizá el sujeto más olvidado en esta relación.
Con esta reforma dejamos atrás el sistema en el cual el indiciado prácticamente se consideraba culpable hasta que se demostrara lo contrario, y adoptamos el principio elemental de presunción de inocencia: toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.
También se establecen nuevas medidas en favor de los derechos de las víctimas, que es una gran innovación de la reforma, como el de recibir asesoría jurídica, de coadyuvar con el Ministerio Público e incluso intervenir en el juicio, recibir atención médica y psicológica cuando sea necesaria, fortalecer los instrumentos para la reparación del daño o bien mantener en secreto su identidad y sus datos personales en aquellos casos en los que su seguridad así lo requiera.
Cuarto. Las autoridades tendrán nuevas y mejores herramientas constitucionales para combatir a la delincuencia organizada.
Gracias a figuras como el arraigo, la extinción de dominio en favor del Estado de bienes asegurados producto de ilícitos, podremos golpear con mayor contundencia las estructuras operativas y económicas de las organizaciones criminales.
También se establecerán centros especiales de reclusión preventiva y ejecución de sentencias que contarán con medidas de vigilancia especial para criminales de la delincuencia organizada.
Esta, la lucha contra la criminalidad y por la seguridad pública, particularmente la lucha contra la criminalidad más peligrosa, que es el crimen organizado en todas sus modalidades, no es una lucha del Gobierno, es una lucha de toda la sociedad, del Estado mexicano, integrado por los mexicanos, precisamente, y sus autoridades.
Porque lo que está en juego no es la libertad, la seguridad o la integridad de los gobernantes, sino, y sobre todo, la seguridad e integridad de los gobernados.
Otras atribuciones de la reforma fueron ampliamente discutidas y algunas de ellas finalmente negadas, pero lo que es seguro es que en todo momento prevaleció la preocupación por las garantías del ciudadano.
Preocupación que se comparte entre poderes públicos y entre sociedad y Gobierno, porque no es la lucha caprichosa por una conquista de un territorio extranjero, sino una responsabilidad colectiva de defensa de nuestro propio pueblo en nuestro propio territorio.
Quinto. Se establece constitucionalmente el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el cual los tres órdenes de Gobierno ahora deberemos homologar reglas para seleccionar, capacitar, garantizar la permanencia, evaluar constantemente, reconocer y certificar a los policías del país.
Así avanzaremos en la tarea de poner al servicio de los ciudadanos instituciones de policía más confiables, profesionales y honestas. Ahora empieza la tarea, precisamente, de depurar y profesionalizar los cuerpos policíacos en todos los órdenes de Gobierno.
Porque no habrá seguridad garantizada mientras se asuma que la lucha por la seguridad pública es tarea de un solo orden de Gobierno, sea el Federal o cualquier otro; es una responsabilidad de todas las autoridades, de todos los órdenes del Gobierno y un esfuerzo que requiere la colaboración de la ciudadanía.
Sexto. Se establecen también medios alternativos de solución de controversias a fin de restituir al agraviado en el goce de sus derechos, lo cual permitirá que asuntos meramente civiles o comerciales se discriminalicen y que pueda haber un espacio para el entendimiento y la razón, y a fin de que el Estado se centre con todas sus capacidades en la investigación y persecución de los delitos, más que en la solución de conflictos.
Séptimo. Se sientan las bases para crear una defensoría pública más eficiente y profesional, con lo que podremos terminar con historias en las que muchas personas iban a la cárcel por no contar con los recursos para pagar un abogado, y con ello tener acceso a la defensa adecuada.
En resumen, esta reforma establece el sustento para consolidar un sistema de seguridad y justicia penal mucho más moderno y mucho más efectivo, que garantice el acceso a la justicia de forma más equitativa y expedita a los ciudadanos.
Qué se necesita para que la reforma rinda los frutos esperados.
Requiere una cuidadosa, meticulosa implementación en el territorio nacional.
La implementación exitosa de esta reforma requiere del compromiso y la corresponsabilidad de los tres órdenes de Gobierno y de los Tres Poderes de la Unión, porque sólo trabajando con unidad podremos fortalecer al Estado frente a la delincuencia y el crimen, porque tenemos que reorganizar la manera en que la justicia se procura y se administra, porque habremos de elevar las capacidades de investigación de los Ministerios Públicos a fin de que puedan sustentar en el nuevo marco procesal sus acusaciones en nombre de sociedad.
Ahora es fundamental que actuemos de inmediato en la modernización de las instituciones integrantes de nuestro sistema de seguridad y justicia penal para dar cumplimiento puntual a los mandatos contenidos en esta reforma a la ley fundamental.
Hay que revisar la manera en que se organiza la impartición de justicia, velar porque los nuevos procedimientos no abrumen y sí faciliten la vida a los juzgadores; establecer los recursos que posibiliten, precisamente, que el desahogo personal de pruebas y alegatos no conlleve un mayor rezago de justicia.
Los congresos estatales ahora tienen el reto de adoptar en la legislación local los mandatos consagrados en la Constitución General de la República, los poderes judiciales también deberán realizar las adecuaciones necesarias para adoptar el modelo de enjuiciamiento penal acusatorio, lo que nos permitirá dar respuesta a la justa demanda de los ciudadanos por un acceso efectivo a la justicia.
Asimismo, los poderes ejecutivos, Federal y locales, tenemos que actuar de inmediato para la indispensable reorganización de las instituciones encargadas de la seguridad en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Debemos cerrar espacios a la impunidad, a la tolerancia o a la complicidad con el delito, empleando para ello todos los recursos a nuestro alcance. Es indispensable que las autoridades redoblemos esfuerzos, que no declinemos en la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos, que sigamos luchando de manera firme y decidida para que los mexicanos vivan sin temor a ser violentados por el crimen.
Señoras y señores, señores ministros, señores legisladores:
Mi Gobierno seguirá firme en su compromiso de garantizar el orden, la legalidad y la seguridad pública en el país.Estamos decididos a ganar la guerra contra la delincuencia y el crimen organizado, porque lo que está en juego es el bien de la Nación y la tranquilidad de los ciudadanos.
Con esta reforma que entra en vigor, los mexicanos damos un paso fundamental en nuestra lucha para que México prospere como una Nación de leyes y de libertades, una Nación cuyo progreso esté fundado en la paz, en el orden, en la justicia y en la legalidad.
Enhorabuena y muchas felicidades.
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